COVID19 y residencias de ancianos. La urgencia de anticipar riesgos

En base a estadísticas oficiales, las personas mayores, especialmente las de edad superior a 80 años, son un grupo de riesgo crítico para el actual brote de COVID-19, con una tasa de mortalidad que se acerca peligrosamente al 15%. Asusta especialmente en el sector geriátrico, en donde la mayor parte de los residentes superan, no solo esa edad, sino que cuentan con patologías previas de alto riesgo.  Esto es así, porque culturalmente, las familias españolas retrasan el ingreso de sus mayores en residencias hasta que la situación de deterioro es tal, que su cuidado y atención en el hogar es insostenible.

Pero, ¿están las residencias de mayores preparadas para el Covid-19? ¿Son suficientes las medidas generales establecidas por las autoridades sanitarias para la contención de la infección? ¿Son válidos para este nuevo coronavirus los planes de contingencia y protocolos de actuación diseñados para la gripe u otros agentes patógenos habituales?  Es más, ¿permite el diseño arquitectónico de los centros la eventual clausura de plantas para aislamiento de infecciosos y una correcta y separada circulación de los mismos en caso de urgencia, o restricciones en los accesos  a comedor y zonas comunes?

Pues seguramente no. Tengamos en cuenta además que la mayor parte de las residencias de mayores de este país no son medicalizadas (disponen de un facultativo, enfermera y/o auxiliares)  y ante cualquier eventualidad médica grave las personas mayores son obligatoriamente derivadas al centro hospitalario de referencia. Seguramente, los que saben de esto, se acuerden ahora de su histórica reivindicación de montar una red independiente de centros sociosanitarios, para pacientes crónicos y de edad avanzada, con atención médica específica que permita la descarga de hospitales, ya de por sí sobresaturados, y sin tener en cuenta al Covid-19.

Una residencia pública de la capital, la primera en caer

Acaba de conocerse ya el primer caso de infectados en una residencia pública madrileña, con el agravante de una residente fallecida en el hospital por neumonía varios días antes, sin diagnóstico de COVID-19 hasta la necropsia.  Ese tiempo de inacción ha acentuado sin duda la gravedad del foco en un centro catalogado para la atención de dependientes en grado elevado.

El gobierno regional improvisaba entonces un borrador con nuevas medidas, de refuerzo de personal, habilitación de zonas de aislamiento, restricciones de acceso a personas con síntomas al comedor y zonas comunes y la hipotética decisión de cerrar los centros de día y restringir el acceso de familiares y visitas en todas las residencias públicas de la región. Preocupante para los miles de mayores usuarios de la red de centros de día, que podrían quedarse sin su refugio, en muchos casos de ocio, pero en muchos otros no, por su necesidad de atención terapéutica durante la jornada laboral de sus cuidadores habituales y familiares.

Sector con necesidades de comunicación más profesional

Con o sin coronavirus, el sector de las residencias de mayores necesita profesionalizar su comunicación de crisis, anticiparse y prepararse, y practicar la transparencia frente al silencio, que también comunica y no precisamente lo bueno. Bien es cierto que algunos grupos privados de referencia han ido adelantando en pequeñas dosis sus protocolos de actuación frente al coronavirus, pero, en general, hace falta proactividad, para proteger, no solo la reputación individual, sino la colectiva. Por desgracia, un incidente en una residencia, de la gravedad que sea, se viraliza y afecta negativamente a todo el sector, impactando directamente  en el negocio.  Es necesario una gran alianza y el asesoramiento de profesionales para legitimizar a un sector que hace un gran trabajo por esta sociedad: cuidar de nuestros mayores.

Ruth Vazquez

Senior advisor

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